“Agradezco y exteriorizo sentimientos de admiración y de apreció por permitirnos hoy de alguna manera hacer una presentación, seguramente ligera, no completa, de todo este trabajo, este ejercicio excelente que han adelantado los fiscales, investigadores y el recurso administrativo de la institución en el período 2005-2009.

Ahora, que al comienzo del día y al final del día el tema es el de la terna para elegir por parte de la Corte Suprema de Justicia al Fiscal General y que se hace referencia entre otras a la entrevista de los ternados, invoco o evoco la audiencia que tuve hace más de cuatro años ante el Alto Tribunal, donde, entre otras, me comprometí con la implementación del Sistema Penal Acusatorio, una revolución jurídica que hemos adelantado gracias, entre otras, a la asistencia, a la cooperación internacional, en particular a la del gobierno de EE.UU.

Sistema Penal Oral Acusatorio

Por eso quiero comenzar esta rendición de cuentas haciendo referencia al Sistema Acusatorio. Ciertamente hubo muchas dificultades que hemos ido superando, como en el tema de Policía Judicial, el aspecto de Protección a Víctimas y Testigos; igualmente requerimientos legislativos que nos llevaron a ir ante el Congreso o ante el Gobierno Nacional para algunos ajustes a los cuerpos normativos correspondientes, pero equivocados están quienes a través de embusteros estudios, han señalado o han informado que el Sistema Acusatorio colapsó, o que por este existe en Colombia una impunidad del 99 por ciento.

Estudios que muestran su ligereza cuando parten, entre otras, de que la conciliación es un ítem de la impunidad. Nosotros no hemos pretendido decirnos mentiras, por el contrario, que sea esta la oportunidad para hacer referencia a uno de los tantos ejercicios que hemos hecho dentro de esta Gerencia con Calidad; nos dimos a la tarea de realizar un inventario físico de expedientes para advertir y reconocer públicamente que este inventario mostraba inconsistencias frente al Sijuf y al Spoa.

Pero hay bondades y cosas positivas en el Sistema Acusatorio. Antes el promedio para adelantar una investigación y el enjuiciamiento de un homicidio estaba por encima de los 460 días, para ser más exactos 462 días, hoy el promedio de un homicidio tiene 111 días. Antes una investigación por tráfico de estupefacientes estaba por encima de 320 días, hoy se resuelve en 33 días.

A través del nuevo sistema logramos sacar adelante magnicidios como los de Liliana Gaviria, o casos como el de Jamundí; sea la oportunidad para decir que así como en aquella oportunidad dijimos que dicho caso no había sido un error sino un crimen, hoy reafirmamos esa apreciación y los jueces nos están dando la razón. Exteriorizamos con indignación el vínculo del proceso mencionado con el narcotráfico. En este momento en Cali, estamos acudiendo ante un Juez de Control de Garantías en el caso de Byron Carvajal para hacerle imputación por tráfico de estupefacientes porque ocultaron una droga incautada en abril de 2006.

Debo reconocer que lo más importante es la voluntad de investigar, acusar y pedir condenas, porque con el anterior sistema hemos podido adelantar investigaciones como la desaparición de personas en los hechos del Palacio de Justicia, o judicializar a los responsables de masacres como la de Pueblo Bello donde asesinaron a 43 personas porque supuestamente se habían robado 43 cabezas de ganado.

Aún hay cosas por hacer y que exigen un alto grado de compromiso y de gestión institucional. Para dar algunas cifras, hemos efectuado 345 mil capturas de las cuales el 50 por ciento han terminado en imputaciones. Con respecto a las audiencias de conciliación, se realizaron 370 mil, de las cuales 270 mil han terminado con acuerdo, y de las audiencias de juicio oral debo mostrar que el 80 por ciento de las audiencias han concluido en sentencia condenatoria.

Los delitos que originaron más condenas fueron el tráfico de estupefacientes, el hurto calificado y el porte, fabricación y tráfico de armas. Estos porcentajes reflejan la revolución que es el Sistema Penal Acusatorio. Hemos participado con vigor y liderazgo en un gran número de comités y juntas directivas en el Consejo de Policía Judicial, en el que exigimos que otras instituciones cumplieran con sus labores de Policía Judicial.

En materia de iniciativa legislativa, nosotros, la Fiscalía, no sólo lideramos la Ley del Principio de Oportunidad, también apoyamos la prisión perpetua para los que atenten contra los derechos de los niños, las pequeñas causas, la Ley 1142 del 2007 que fueron unos ajustes al Código de Procedimiento Penal. También lideramos leyes referidas a la explotación sexual de niños y adolescentes, a la del manejo de la prueba y procedimiento ante la Corte Penal Internacional, entre otras. Así mismo, en el Consejo Nacional de Estupefacientes luchamos para que los bienes incautados se destinaran a las instituciones que están en la lucha contra el narcotráfico o en la prevención del consumo.

Y en lo que tiene que ver con el programa de humanización, nos ideamos unos modelos de gestión eficiente. Unidades de Reacción Inmediata, para que frente un hecho delictivo sea al momento que sea, el lugar que sea, siempre exista una atención; fiscales apoyados por investigadores, por Medicina Legal y por el Ministerio Público. Los Cavif y Caivas, para atender la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, asignamos fiscales e investigadores únicos y exclusivos, y nos permitimos adecuar una infraestructura digna. Las salas de atención a usuarios, que hoy por hoy son 73, las URI, que en 2005 empezamos con 37, hoy dejamos 58, en las SAU, que hoy son 73, hemos atendido más de un millón de querellantes y en estas desarrollamos los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación, que son una proyección en el plano jurisdiccional del espíritu pacifista que debe acompañar la tarea de fiscales e investigadores.

Y como modelo de gestión eficiente, las salas de denuncias, donde hemos capacitado a los receptores y orientadores, hemos creado unas condiciones dignas para los denunciantes e igualmente estamos tomando nota, todos los días, de las observaciones que hagan los usuarios.

Eso es el Sistema Acusatorio. Podemos hoy decir que hicimos la revolución jurídica, que este sistema no colapsa, no hay posibilidad de un paso atrás, que es una realidad y que seguramente será de ensueño cuando los miles de jóvenes que hoy estudian derecho, se conviertan en los fiscales, procuradores, abogados, jueces y defensores del mañana.

Cuerpo Técnico de Investigación

Respecto al CTI, nos enfocamos en optimizar la investigación judicial; por eso el CTI hoy es distinto a partir del aumento de servidores con funciones de Policía Judicial, de fortalecer la capacidad técnica e investigativa, y del diseño y desarrollo de estrategias excepcionales de investigación. En lo que tiene que ver con el incremento del número de servidores dedicados a la investigación antes la pregunta era ¿cuántos fiscales tiene un investigador? Ahora es ¿cuántos investigadores tiene un fiscal?

Acudimos ante el Congreso y el Gobierno Nacional para que suspendieran la supresión de cargos del CTI, compromiso al que se había llegado para que se aprobara la reforma constitucional y legal del Sistema Acusatorio; por el contrario, les pedimos que nos crearan más cargos, hicimos uso de facultades que nos dan la Constitución y la ley para darle potestades y funciones de Policía Judicial a contralores, superintendentes y alcaldes, y además, aumentar el número de servidores de Policía Judicial.

Se logró la renovación tecnológica de los laboratorios, de instrumentos y de áreas, de laboratorios de balística, que se convirtieron en los primeros laboratorios acreditados en Iberoamérica. Laboratorios de genética y química que están próximos a ser acreditados y certificados, de instrumentos, como el Afis, como el Registro único de Identificación de cadáveres, o instrumentos que utilizamos con la agencia de cooperación internacional para combatir el terrorismo y el narcotráfico, así como áreas que hemos modernizado como la de grafología y documentología, y hoy por hoy podemos decir que no hay una seccional o una sub-unidad de Derechos Humanos que no cuente con unidad móvil de criminalística.

En tercer lugar diseñamos unas particulares estrategias investigativas para temas como el de la ‘parapolíticaÂ’. Y es que las decisiones tomadas por el Fiscal General, el Vicefiscal, la Unidad contra el Terrorismo, la Unidad Delegada ante la Corte Suprema, y la propia Corte Suprema de Justicia, en materia de ‘parapolíticaÂ’, han sido gracias a la labor del CTI.

Para las bandas emergentes o Bacrim hemos creado estrategias excepcionales, como también nos ideamos la aplicación del Geti para hacer gerencia de la investigación, para generar una cultura de resultados; por eso observamos casos para mostrar como el de la exportación de cobre de manera ilegal desde Medellín, como el tráfico de estupefacientes y de armas de ‘Los RastrojosÂ’, o como el caso de DRFE en Pereira y el sur del país. Gerencia de la investigación que nos permite exigir resultados, por eso podríamos enunciar centenares de investigaciones exitosas. Entregamos un CTI y una Fiscalía fortalecidas y con un reconocimiento, incluso por organismos internacionales y ONGs.

Protección a víctimas y testigos

Con respecto al programa de Protección a Víctimas y Testigos, esta administración no dejó a un lado su responsabilidad de proteger a víctimas y testigos intervinientes en los procesos, e incluso a los fiscales amenazados de diferentes casos. Vale la pena destacar que una corte internacional de justicia pretendió los servicios del programa de protección.

En el 2005 las solicitudes de protección por año eran 300, ahora están por encima de las tres mil. En el 2005 los casos protegidos eran 150, hoy los casos protegidos son 500, aclarando que son casos, no personas, porque en un caso puede haber más de una persona. Casos que comprenden vivienda, recreación, atención médica, psicológica, entre otras. Debo decir que más de un centenar de colombianos están radicados en el exterior.

El sistema de carrera de la Fiscalía General de la Nación, ahora en la entidad, el ingreso o el ascenso será por méritos, no por la ‘palancaÂ’ o el señalamiento a dedo. Para ello adelantamos el concurso al que se presentaron para las áreas de fiscalías y administrativa más de 200 mil personas. Debo anotar que hemos ido cumpliendo con el concurso, pero en armonía con el acto legislativo, el cual respetamos y estamos convencidos de la conveniencia de su aplicación.

En cuanto a la Escuela de Formación y Capacitación, hoy tenemos otra vez un Plan Nacional de Formación y Capacitación, una red de formadores en la Fiscalía. Tenemos módulos de capacitación para nuestras áreas de fiscalías, administrativa y CTI.

Derechos Humanos y DIH

Creemos haber hecho bastante en el área de Derechos Humanos y DIH. Activamos un plan de acción para reducir la impunidad, para recuperar la confianza ciudadana y para reconciliarnos con la comunidad internacional. Por eso implementamos 18 programas, entre los que se encuentran el de sindicalistas, UP, homicidio en persona protegida, desplazados, desaparecidos, periodistas, población LGBT, etc.

Para recuperar la confianza de la comunidad internacional, hoy nosotros podemos mostrar unas acciones: hemos reabierto 62 casos en los que las víctimas son indígenas. La subunidad para investigar crímenes contra sindicalistas muestra 1.300 casos y 150 sentencias condenatorias, eso es más del 75 por ciento de las sentencias condenatorias proferidas en la historia judicial del país por asesinatos de sindicalistas.

Frente al exterminio de la Unión Patriótica tenemos 520 casos y ya podemos hablar de 12 sentencias condenatorias; y en los casos de homicidios fuera de combate o los llamados ‘falsos positivosÂ’ o ejecuciones extrajudiciales, son 1.050 casos en los que hay casi 500 medidas de aseguramiento contra soldados, suboficiales y oficiales. Todas nuestras decisiones han sido profundamente respetuosas de las instituciones.

Hemos asumido la completa judicialización, desde reabrir, acusar y lograr condenas en casos relevantes y horripilantes, como los indigenistas norteamericanos, como la de Edilberto Vásquez Cardona o como la de los indígenas Embera Chamí.

Fiscal de bolsillo. El tema de fiscal de bolsillo es un tema de libertad. Cuando un fiscal, desde el Fiscal General hasta el fiscal local, toma una decisión contraria a lo que dicen los hechos y el derecho, usted no está colocando en riesgo su autonomía o independencia, usted lo que hizo fue tirar su libertad, como le ocurrió recientemente al Juez Quinto Penal Municipal (de Bogotá), que por la libertad de alias ‘El IndioÂ’ sacrificó su propia libertad.