Seis personas señaladas de coordinar la explotación ilegal de oro fueron judicializadas. Con su actuar ilegal habrían promovido el deterioro de los ecosistemas y recursos de la región.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a seis personas que harían parte de una organización delictiva dedicada a la extracción ilegal de oro en una zona de conservación y protección ambiental, ubicada en inmediaciones del páramo de Santurbán, en jurisdicción de Lebrija (Santander).
Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente les imputó, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, daños en los recursos naturales; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Los hoy procesados son señalados de coordinar el uso de equipos mecanizados como malacantes y taladros eléctricos; además de explosivos y sustancias químicas peligrosas, entre estas mercurio y cianuro, para obtener el metal precioso en las bocaminas denominadas El Túnel, Vetabarrro, El Indio y La Perezosa. Estas actividades las auspiciaban de manera clandestina, sin títulos mineros y permisos de ley.
En el lugar se constató que ocasionaron graves afectaciones a los recursos naturales del área protegida. Además, se identificó una red de trabajadores en mina y de los denominados ‘campaneros’, que se encargaban de alertar sobre la cercanía de las autoridades o procedimientos que se desarrollaban en el sector.
Los investigados fueron identificados como Fredy Chaparro Lizcano, Cristian Alberto Vera Solano, Luis Enrique Vera Solano, Fredy Rico Suárez, Kenner Daza Calvo y Robinson Vega Acevedo. Todos seguirán vinculados a la investigación.
LKSC/JARG/PATO/DEMA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
