36 propiedades habrían sido puestas a nombre de personas cercanas a los hermanos Álvarez Meyendorff, investigados por hacer parte de una red trasnacional narcotraficante.
La Fiscalía General de la Nación decretó la procedencia de extinción del derecho de dominio sobre 23 inmuebles urbanos y rurales, 2 vehículos, 10 establecimientos de comercio y una sociedad que presuntamente fueron adquiridos por los hermanos Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff con recursos que provendrían del envío de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos y otros destinos internacionales.
Entre las propiedades figuran apartamentos, casas, lotes, oficinas, parqueaderos y empresas del sector agrícola, estético, comercial y automotriz en Bogotá, Cali y Palmira (Valle del Cauca), Medellín (Antioquia) y Girardot (Cundinamarca).
Los bienes fueron puestos a nombre de personas cercanas al clan familiar. Asimismo, se constató que los capitales con los que fueron obtenidos también habrían sido mezclados con dineros de origen lícito con el propósito de evadir el control de las autoridades y darles apariencia de legalidad.
En ese sentido, y con base en pruebas, informes periciales y sentencias condenatorias emitidas por autoridades judiciales estadounidenses y argentinas, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio decretó procedencia sobre los bienes.
La decisión fue notificada y remitida a la Judicatura para continuar el trámite procesal. En su contra proceden los recursos de ley.
Esta información se publica por razones de interés general.
FAGH/JARG/MAGA/DEED/ALTR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
