Al ser interceptados por unidades de Ejército Nacional en una vía de Cauca habrían ofrecido dinero para no ser capturados.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, presentó ante un juez de control de garantías de Suárez (Cauca) a Darwin Alexander Ortega Garzón, Jhon Bairon Velasco Manzo, Breiner Bolaños Quisoboni y Jhon Jaider López Solarte, como presuntos responsables de transportar cerca de mil millones de pesos y no justificar su origen.
Estas personas, según sus posibles responsabilidades individuales, fueron imputadas por los delitos de lavado de activos y cohecho por dar y ofrecer; y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Los hechos que se les atribuyen ocurrieron en una vía que conduce a Suárez (Cauca). Los cuatro hombres se movilizaban en una camioneta y fueron detenidos en un puesto de control por unidades del Ejército Nacional. Durante la inspección al automotor, los uniformados encontraron varios fajos de billetes que sumaron 932 millones de pesos en billetes de diferentes denominaciones.
Inicialmente, los ocupantes del vehículo indicaron que el dinero iba a ser utilizado para comprar una finca; sin embargo, no soportaron con exactitud su procedencia, tampoco aportaron documentos que respaldaran su tenencia y dieron cuenta de inconsistencia en el relato.
Al quedar en evidencia, algunos de los hoy procesados les habrían ofrecido a los militares 200 millones de pesos para que les permitieran seguir su camino. Ante esto fueron capturados.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/GR/JARG/AL/DECLA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
