Siete presuntos integrantes del grupo ilegal fueron judicializados. Simultáneamente, fueron ocupados con fines de extinción de dominio 28 bienes avaluados en más de 2.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación puso en marcha una estrategia investigativa para afectar de manera integral a una red ilegal que le habría dado apariencia de legalidad a más de 6.000 millones de pesos, que corresponderían a recursos provenientes del tráfico trasnacional de cocaína.
Inicialmente, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio presentó ante un juez de control de garantías a siete personas que estarían implicadas en el ingreso sistemático de pequeñas cantidades de dólares y euros a Colombia, que luego eran camufladas en neveras de hielo seco y trasladadas en buses de servicio público a Cali (Valle del Cauca), donde eran distribuidas.
Por estos hechos, fueron imputadas por el delito de lavado de activos y recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.
De manera simultánea a la acción penal, fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 28 bienes, que pertenecerían al grupo ilegal.
Se trata de 14 inmuebles urbanos y 14 vehículos, ubicados en Bogotá, Soacha (Cundinamarca) y Cali (Valle del Cauca). Los cálculos preliminares estiman su valor en más de 2.000 millones de pesos.
Los bienes afectados serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
JPP/JARG/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
