Un juez de control de garantías acogió la petición del fiscal especializado ante el Gaula de Cartagena e impuso medida de aseguramiento en centros carcelario contra cuatro presuntos integrantes de la subestructura Erlin Pino Duarte, que delinquen para el Clan del Golfo en el sur del departamento de Bolívar.
La decisión judicial afectó a Nehemías Ospina Mora, alias Odín; Luis Carlos Montesino Pedraza, alias Ricardo; Armando Junior Pérez Fuentes, alias Ramón Junior y a Ruan Emilio Posso Durango, alias El Financiero. Los procesados fueron imputados con los delitos de concierto para delinquir y extorsión, ambas conductas agravadas.
El trabajo articulado entre la Fiscalía, el Gaula de la Policía Nacional y el Gaula Militar de la Armada Nacional permitieron establecer que los hoy procesados, al parecer, estaban dedicados al cobro de extorsiones a ganaderos, comerciantes, agricultores y mineros en los municipios de San Martín de Loba, Hatillo de Loba, Altos del Rosario y en Mompox (Bolívar).
En caso de incumplir con las exigencias económicas, las víctimas eran amenazadas con quitarles la vida o atentar contra sus familiares.
Por órdenes judiciales, alias Ricardo fue capturado en Villanueva (Casanare), ‘Ramón Junior’ en Bucaramanga (Santander) y ‘Odín’ en el municipio de Regidor (Cesar). Entre tanto a ‘El Financiero’, le fue notificada la captura en un centro carcelario de Mompox donde se encuentra recluido por otro proceso.
En las audiencias preliminares, los implicados no aceptaron su responsabilidad en los cargos que le imputó la Fiscalía.
MEVA/LMFO/MAGA/PD/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
