La extracción ilegal del mineral durante los últimos seis meses habría llegado a las 800 toneladas. Las rentas ilegales al mes superarían los 400 millones de pesos.
La fiscalía presentó ante un juez de garantías a seis personas presuntamente implicadas en la extracción ilegal de carbón en zona de exclusión minera, ubicada en la Serranía del Perijá, (Cesar). Los procesados fueron imputados con delitos de contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero, daño en los recursos naturales y explotación Ilícita de yacimiento minero y otros.
Las capturas se hicieron efectivas en un operativo realizado en dos socavones subterráneos. Los operativos los adelantaron servidores del CTI, en coordinación con el Ejército Nacional. En el lugar se incautó una motosierra, dos plantas eléctricas, un motor de agua, una pulidora y elementos para la sustracción ilegal del carbón.
La investigación, adelantada por una fiscal de la Dirección de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, evidenció que los socavones ilegales estaban ubicados en la zona rural de la Jagua de Ibirico, considerada de exclusión minera y territorio ancestral de la comunidad Yukpa.
Con su actuar, se cree que los procesados afectaron la calidad del agua de la quebrada Salatiel. Además, se estableció que la extracción de los dos socavones llegó aproximadamente a 800 toneladas en cerca de seis meses. Esto habría generado rentas ilegales cercanas a los 400 millones de pesos, cada mes.
Un juez de control de garantías impuso a los procesados medida no privativa de la libertad y no podrán acercarse a los socavones o salir del país. Aunque los investigados negaron su responsabilidad frente a los delitos imputados, iniciaron un acercamiento con la Fiscalía para la posibilidad de un preacuerdo y entregar información sobre otros miembros de esta organización criminal.
LKSC/MAGA/DDA/APF
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
