A estas personas se les realizaron 14 diligencias de aprehensión de productos que entraron de manera ilegal al país, la mayoría era cargamentos de cigarrillos.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales presentó ante una juez de control de garantías de Valledupar (Cesar) a tres integrantes de una misma familia, que estarían implicados en el ingreso por el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) de mercancía de contrabando proveniente de Panamá.
Se trata de Johan Andrés Marín Bernal, su compañera sentimental Angie Paulín Behaine Durán, y su hermano Sergio Felipe Marín Bernal.
En 2019, estas personas habrían creado dos empresas para la importación y comercialización de diversos productos, y brindar asesoría a terceros para actividades comerciales internacionales. Sin embargo, se estableció que las compañías no tenían una sede física real ni domicilio fijo, y no contaban con el músculo financiero para soportar la cantidad de mercancía que adquirían.
De otra parte, los elementos de prueba dan cuenta de que una de las empresas no declaró ante el Banco de la República las transferencias en dólares que supuestamente hizo a sus proveedores en el exterior.
En el curso de la investigación se realizaron 14 diligencias de aprehensión, decomiso y destrucción de cigarrillos, calzado, vestuario, medicamentos y vitaminas, avaluados en más de 7.639 millones de pesos. Nueve de los cargamentos detectados eran cigarrillos que carecían de la documentación necesaria para su nacionalización y acreditación de origen.
Por lo anterior, la Fiscalía imputó a los dos hombres y a la mujer los delitos de concierto para delinquir agravado y contrabando agravado. Todos recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.
JP/LAGP/JARG/LQC/DECDF/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
