La contundencia de las pruebas que aportó un fiscal de la Unidad de Vida fueron suficientes para que un juez de conocimiento condenara a tres hombres que le quitaron la vida a un hombre de 22 años en Cartagena.
La decisión judicial cobijó a Kevin Damar Cohen Munévar y a Rafael Antonio Romero Martínez, quienes deberán pagar 45 años, 8 meses y 3 días de prisión por los delitos de homicidio y hurto calificado, ambos agravados.
En la misma sentencia y por homicidio agravado, también fue condenado a 37 años y 5 meses de prisión Yordin Andrés Blanco Morales.
Los hechos se registraron en la madrugada del 4 de noviembre de 2018 en una vía pública del barrio El Pozón, donde Cohen Munévar de 28 años y Romero Martínez de 30, hurtaron de manera violenta un bolso a la víctima que caminaba por el lugar.
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De acuerdo con la investigación, se logró establecer que en el escape los hoy sentenciados se refugiaron en una fiesta que había por el sector, a donde también llegó el hombre afectado a reclamar lo que le habían robado y se originó una riña.
En medio de esa discusión, Blanco Morales, de 30 años, quien conducía un taxi, atropelló en cuatro oportunidades a la víctima, tras lo cual los otros dos procesados lo atacaron con arma blanca.
Aunque el hombre fue auxiliado por vecinos, falleció cuando era trasladado a un centro asistencial.
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Por disposición judicial se ordenaron las capturas de Cohen Múnevar y Blanco Morales para el cumplimiento de la condena. Romero Martínez se encuentra privado de la libertad en centro carcelario, cumpliendo una medida de aseguramiento por otro proceso.
Esta información se publica por razones de interés general.
MEVA/CFG/RJGD/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
