En uno de los casos, el procesado, al parecer, abusaba sexualmente de la víctima; y en el otro, el señalado agresor habría tratado de lanzar a su compañera sentimental por una ventana.
Tras la labor investigativa de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en articulación con la Policía Nacional, y fiscales adscritos a la Seccional Boyacá, comprometidos en la defensa de los derechos de las mujeres, en lo corrido del 2024 se ha logrado un avance del 83,07% en las investigaciones relacionadas a casos de violencia intrafamiliar.
Dos de los casos más recientes donde la Fiscalía General de la Nación obtuvo medidas privativas de la libertad, ocurrieron en Tunja (Boyacá).
El primer hecho se registró el barrio Popular donde fue capturado un hombre que, presuntamente, venía agrediendo física, verbal y sexualmente a su compañera sentimental.
De acuerdo con los elementos de prueba, el procesado obligaba a la mujer a sostener relaciones sexuales en contra de su voluntad, bajo amenazas y golpes en su cuerpo; incluso hay indicios de que en una ocasiona trató de lanzarla por una ventana desde un segundo piso.
El segundo hecho habría ocurrido el pasado 9 de febrero, en un inmueble del barrio Bolívar, donde un ciudadano extranjero, aparentemente, violentó de manera física a su pareja delante de su hija menor de edad. Además, le habría propinado una herida en el cuello a la víctima con un arma cortopunzante atentando contra su humanidad.
En ambos casos, la Fiscalía les imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad y deberán cumplir medidas privativas de la libertad.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.