Tras avalar los elementos materiales probatorios aportados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata en la isla de San Andrés, un juez penal con funciones de control de garantías envió a la cárcel a Geaider Reyes Utria como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación tráfico o porte de arma de fuego.

 En la fotografía aparece la imagen de un hombre joven, moreno, vestido de camiseta verde. Se encuentra sentado en una oficina atendiendo la audiencia virtual donde fue judicializado.
Momentos en que Reyes Utria asistía a la audiencia preliminar donde fue procesado por el delito de homicidio.

Según la investigación, el pasado 6 de noviembre en la zona conocida como Back Road el procesado, habría accionado un arma de fuego contra un hombre de 37 años con el que presuntamente había sostenido una riña días anteriores.

Labores de policía judicial evidenciaron que la víctima se encontraba departiendo con varias personas en vía pública, pero luego abandonó el lugar. Al parecer, durante esa acción el hombre se encontró con el hoy investigado, quien sin mediar palabra le habría disparado en, al menos, tres oportunidades.

Aunque la víctima fue auxiliada inmediatamente, falleció cuando era trasladada a un centro asistencial.

El presunto agresor, de 27 años, se entregó voluntariamente a las autoridades y no aceptó los cargos imputados por el ente acusador. Por disposición judicial su reclusión se llevará a cabo en la cárcel Nueva Esperanza del archipiélago.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

MEVA/MAGA/TAM/DSSPS

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.