Ante un juez con funciones de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro hombres que habrían participado en el asesinato de otro, el pasado 21 de marzo, en vía pública del barrio El Porvenir, de Cúcuta (Norte de Santander).

De acuerdo con la investigación dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían interceptado a un taxi en el que se encontraban tres personas, a quienes les habrían disparado, causándole la muerte a una de ellas.

En el ataque una de las víctimas sacó un arma de fuego y habría herido al parrillero que minutos antes les disparó.

Por estos hechos uniformados de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a los hombres que iban en la moto y a los ocupantes del taxi.

En audiencias concentradas antes un juez de control de garantías, la Fiscalía judicializo a José Kolwalkoz Hernández Paraqueimo, alias Col y José Daniel Useche Barrera, alias Galleta, quienes iban en la motocicleta como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes, accesorios o municiones.

Por su parte, a los ocupantes del taxi identificados como Edwin Daniel Arango Lopera y Luis Jackson Delgado Marín fueron imputados por el fiscal del caso por su posible responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes, accesorios o municiones

Mientras que el juez dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los cuatro hombres.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

 

MPHA/MG/CHGA/JAAL/DSNS

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.