Ninguno de los cinco hombres portaba un carné que lo acreditara como operario de la empresa de telefonía, aunque dos de ellos portaban uniformes. Los agentes de la patrulla motorizada de la Policía entraron en contacto con directivos de la firma para confirmar si están vinculados a la empresa.
Tras confirmar que ninguno era operario y que en esa zona de Buenaventura no se autorizaron trabajos de reparación de cables de telefonía, dos de ellos intentaron escapar, mientras otro salía de la cámara subterránea donde se encuentran los tubos que protegen el sistema de fibra óptica en el barrio Juan XXIII de este puerto sobre el Pacífico.
En la cámara subterránea, los agentes encontraron 2 palas, una barra de hierro, un casco, alicates, 2 porras, un destornillador, dos ligas y 3 seguetas. La tapa de concreto estaba destruida y varios de los tubos de cobre estaban cortados, listos para ser retirados.
Con el apoyo de otras patrullas motorizadas, los agentes capturaron a Omar Andrés Martínez Angulo, Yeferson Valencia Potes, Olver Valencia Ahon, Carlos Alberto Mina Hinestroza y Diego Jair Riascos Rodríguez, quienes fueron presentados en la URI donde fueron indagados por un fiscal local.
Durante las audiencias concentradas un fiscal seccional les imputó cargos a los 5 hombres como presuntos coautores de los delitos de hurto calificado agravado, daños en obras o elementos de los servicios de comunicación, energía y combustible y falsedad personal.
Luego de avalar la imputación, un juez penal con control de garantías de Buenaventura dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los 5 falsos operarios de telefonía celular.
Los asegurados fueron puestos a disposición del Inpec y remitidos a la cárcel distrital del puerto.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
JGP/CFG/DP/DSV
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004
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