Las ceremonias se llevaron a cabo en San Onofre (Sucre), en articulación con la JEP, la UBPD y la UARIV.
La Fiscalía General de la Nación entregó a sus familiares los restos óseos de tres víctimas, en sentidas ceremonias realizadas en San Onofre.
La primera de ellas se llevó a cabo el martes 16 de marzo en curso en la Plaza de Toros donde los allegados de Andrés Julio Herazo lo recibieron. En la entrega participó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
De acuerdo con las investigaciones Andrés Julio era un torero, de 40 años, reconocido en el municipio y fue llevado por las autodefensas hasta la finca El Palmar, donde le quitaron la vida.
A su vez, familiares de los hermanos Leonardo Favio y Rubén Torres pudieron descansar tras recibir sus restos durante un homenaje realizado en el Hogar para Abuelos San José.
Allí a sus allegados les entregaron sus restos óseos y se les hizo la explicación jurídica y forense de las circunstancias que acompañaron su desaparición. Además, se les realizó acompañamiento psicosocial por funcionarios de la Fiscalía.
Las diligencias de exhumaciones se realizaron en San Onofre. Luego se realizaron las labores técnico-científicas, forenses y de cotejo de ADN para la identificación plena de las víctimas, así como de sus familiares.
Luego que el ente acusador logró confirmar las identidades de las víctimas, se procedió a ubicar a sus allegados. En algunos de los casos habían pasado más de 20 años para que sus familiares pudieran saber del paradero de las víctimas y recibir sus restos.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
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DSS/VHGB/FAGH/DACD
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
