La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, imputó los delitos de administración desleal agravada y enriquecimiento ilícito de particulares a Carlos Jacks Chavarría, presidente de una multinacional cementera entre 2012 y 2016.
Esta persona, al parecer, otorgó aval para la firma de un memorando de entendimiento, en agosto de 2012, el cual habría destinado 22 millones de dólares para adquirir bienes afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio. Las propiedades harían parte del patrimonio de Aldemar Moncada (fallecido), capturado y condenado en su momento por un millonario desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
En el curso de la investigación se constató que fueron múltiples las advertencias sobre posibles irregularidades; sin embargo, los pagos contemplados en el memorando se realizaron según lo pactado.
Trabajadores de la cementera, supuestamente autorizados por Jacks Chavarría, desembolsaron de manera irregular más de 40.000 millones de pesos a Eugenio Correa Díaz, el entonces representante legal de la compañía, quien sería el encargado de pagar por los bienes que estaban a disposición de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
El material de prueba da cuenta de que, para dar apariencia de legalidad a todas estas negociaciones, se habrían generado nuevos contratos y falsificado documentos.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/CEVS
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
