Al parecer el investigado pidió un vehículo de alto costo a una persona, a cambio de facilitarle la concesión de contratos. 

Ante el Juzgado 12 Penal de Cali, con función de control de garantías, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública  – Seccional Cali imputó a Juan Carlos Martínez Gutiérrez, exgerente del hospital Mario Correa Rengifo, por su presunta responsabilidad en el delito de concusión.

De acuerdo con la investigación adelantada por funcionarios del CTI, los hechos ocurrieron en junio de 2020, cuando Martínez Gutiérrez presuntamente le solicitó una camioneta de gama alta a un contratista del sector salud, a cambio de facilitar la concesión de contratos para la adquisición de medicamentos de alto costo, para el hospital Mario Correa y Homecare (atención médica en casa).

Según el material probatorio recaudado, el entonces gerente del hospital habría acordado con el contratista que la entrega del vehículo debía hacerse en su propia casa, hecho que al parecer se cumplió el 27 de agosto de 2020.

A partir de esa fecha, el contratista supuestamente tuvo vía libre para la entrega de los medicamentos y habilitar el servicio de atención médica domiciliaria.

El investigado no aceptó los cargos que la Fiscalía le endilgó.

Es de recordar que, en días pasados, Martínez Gutiérrez fue imputado el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, tras las presuntas irregularidades detectadas en un contrato de prestación de servicios, por $1.268 millones.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados

JGPV/AR/DLBM.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004  

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