Los cuatro procesados recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cuatro presuntos integrantes de una organización que estaría al servicio de la estructura criminal ‘La Oficina’ a la que, al parecer, le prestaban servicios financieros como cambio de divisas o ponían a su disposición cuentas bancarias para mover dineros que serían producto de actividades ilícitas.
De igual manera, hay elementos de prueba que vincularían a estas personas a la compra y venta de bienes muebles e inmuebles, establecimientos de comercio, entre otros, para ocultar los recursos que percibía ‘La Oficina’ por el tráfico de drogas.
Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico. Por disposición del juez de control de garantías, los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia. Los asegurados son: Vanessa Peláez Aristizábal, Mateo Pulgarín Pulgarín, Arly Julieth Palacio y Ronald Aroca Robledo.
En las investigaciones se constató que Pulgarín Pulgarín es hijo de John James Pulgarín, alias Servi, quien fue capturado el 8 de diciembre pasado, en atención a una solicitud de extradición elevado por la justicia de Estados Unidos que lo requiere delitos asociados con narcotráfico y lavado de activos.
Estas acciones de la Fiscalía se dan en cumplimiento del Direccionamiento Estratégico 2020-2024 liderado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para quien es prioridad afectar con contundencia las finanzas de las organizaciones criminales.
El ente investigador publica esta información por razones de interés general.
La Fiscalía General habla con resultados.
MAGA/JARG/CEV/MCRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.