Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Luz Mary Rodríguez García, quien fue capturada en flagrancia mientras transportaba cerca de 1.000 millones de pesos en efectivo.
La mujer se movilizaba en motocicleta por la vereda Vista Hermosa, en zona rural de El Tarra (Norte de Santander). Personal de policía judicial (CTI) de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y unidades el Ejército Nacional la interceptaron y revisaron una caja que llevaba en la parte trasera del vehículo.
En la inspección fueron encontrados fajos en billetes de diferentes denominaciones que sumaron 989’900.000. Rodríguez García no habría dado justificación sobre el origen del dinero, por lo que fue detenida. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos le imputó el delito de lavado de activos.
En las audiencias el juez avaló la incautación del dinero y dispuso la suspensión del derecho de dominio con fines de comiso.
De acuerdo con los reportes de las fuerzas militares, en la zona donde se realizó el procedimiento de captura delinquen distintos Grupos Armados Organizados como el ELN y la estructura disidente 33.
Este resultado responde a la priorización de las acciones investigativas contra las finanzas de las estructuras de crimen organizado, definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/MCRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
