El Juez promiscuo municipal de Baraya (Huila) respaldó la incautación con fines de comiso y suspensión del poder dispositivo de la millonaria suma.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Jhon Jaiver Flórez Guzmán, quien fue capturado en flagrancia con algo más de 1.069 millones de pesos, en una vía que conecta a Aipe con Neiva (Huila).
El hombre se movilizaba en un vehículo particular y fue detenido en un puesto de control de la Policía Nacional. En el registro al automotor los uniformados encontraron el dinero embalado en un paquete plástico. Esta persona fue interrogada sobre el origen de esta suma; sin embargo, no habría dado justificación, ni explicación alguna.
Un fiscal de Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a Flórez Guzmán ante el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Baraya (Huila) y logró la incautación con fines de comiso y suspensión del poder dispositivo del dinero. En el curso de las diligencias la Fiscalía imputó al capturado el delito de lavado de activos.
Los cargos formulados no fueron aceptados por el procesado, quien deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
Esta acción judicial responde al ataque frontal contra las finanzas de las organizaciones criminales definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el direccionamiento estratégico 2020-2024.
Esta acción judicial responde a la priorización de los delitos financieros, definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024.
La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
MAGA/JARG/IB/CEV/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
