Los procesados William Valderrama Cuevas, alias Zancudo; y Ariel Armando Beltrán Castro, alias Carracas aceptaron ante un juez de control de garantías su responsabilidad en el delito de extorsión agravada que les imputó la Fiscalía, por presuntas exigencias económicas a varios empresarios carboníferos en Boyacá. Los dos fueron cobijados medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Las capturas fueron materializadas de manera simultánea por el Gaula de la Policía Nacional en los departamentos de Casanare y Boyacá.

La investigación inició luego de que la Fiscalía indagara la posible comisión de varias extorsiones en la zona y lograra identificar algunas víctimas que prestaron su colaboración, aportando material de prueba de cómo y quiénes eran los responsables de estos hechos delictivos.

Así fueron identificados Valderrama Cuevas y Beltrán Castro, quienes al parecer actuaban dentro de un grupo delincuencia en el área geográfica de Tasco, Socotá, Socha y Paz de Río en Boyacá, región de explotación de carbón.

Se estableció que los hoy judicializados aparentemente se hacían pasar por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, mediante panfletos al parecer firmados por este grupo armado, ordenaban a los empresarios que se presentaran en zonas rurales a fin de negociar el pago de un supuesto impuesto de guerra y un impuesto para la movilidad de sus vehículos.

Los indiciados posiblemente se encargaban de llevar los panfletos amenazantes a los empresarios, hacerles inteligencia, buscar que asistieran a la cita para la supuesta negociación con alias Jefferson —supuesto comandante de una columna guerrillera del ELN en la región— e indicarles a las víctimas cómo debían realizar el pago de las extorsiones.

En las investigaciones se estableció que a las víctimas se les hacía una exigencia anual de entre 10 y 40 millones de pesos que debían pagar en cuotas mensuales para poder realizar la extracción y comercialización del mineral en la zona.

En este caso, la Fiscalía ha logrado identificar tres víctimas; sin embargo, hace un llamado a las personas que se consideren afectadas por este delito para que denuncien los hechos que atentan contra el patrimonio y la economía de la región.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

 

MRB/DLBM