Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó cargos como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y peculado por apropiación a favor de terceros contra la exalcaldesa de Cúcuta (Norte de Santander), cuatro exfuncionarios de su administración y un contratista.

Se trata de la exmandataria María Eugenia Riascos, Jaime Montaguth Vega, exsecretario de educación; Jorge Iván González Avendaño, exsubsecretario de educación; Lesmes Ernesto García Cáceres, supervisor del contrato; Claudia Liliana Hernández Eslava, interventora; y Danubiez Zapata Sánchez, contratista. Ninguno de los cuales aceptó los cargos imputados.

Los aparentes hechos de corrupción por los que son judicializados los seis implicados los originó una auditoría del Ministerio de Educación que encontró que 14.836 alumnos que habían sido reportados en diferentes entidades educativas del país, no existían. De ese total 11.374 correspondían a Cúcuta.

El material probatorio recaudado evidenció que:

  • El contrato 390 de 2010 buscaba que un colegio privado atendiera una población infantil que supuestamente no había encontrado cupo en colegios oficiales. No obstante, los estudiantes inscritos, y por los que se realizó el cobro, fueron 998, a pesar de esto los soportes técnicos dan cuenta de únicamente 167 alumnos. De igual forma, se estableció que el cubrimiento inicial era para menores de edad, pero luego se incluyó capacitación para adultos. Esto habría permitido irregularidad al hacerse el contrato de forma directa.
  • Otro caso, esta vez de un colegio oficial, evidenció como fueron registrados 1.570 alumnos, de quienes no se encontró soporte. En este caso no hubo desembolso del dinero.
  • Duplicidad de inscripción de niños en colegios. Esto generó multiplicidad de cobros.
  • Se realizaron documentos en los que se recibía a satisfacción un servicio nunca prestado. Esto habría permitido que se realizaran los cobros.

La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.