El pasado 22 de febrero fueron aprehendidos los procesados durante diligencias de allanamiento en el Eje Cafetero, Bogotá y Bucaramanga, donde además se logró la incautación de 950 millones de pesos.

El trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación y el Reino Unido, con fundamento en los tratados de cooperación internacional contra el narcotráfico y delitos trasnacionales, permitió que un juez de garantías de Bogotá enviara a la cárcel —con medida de aseguramiento— a los presuntos integrantes de una organización delictiva que envió media tonelada de cocaína a Inglaterra.

Se trata de Jesús Mario Hurtado Ríos, Jesús Mario Hurtado Ríos, Nelson Enrique Robles Munevar, Jairo Hernán Salazar, Alexánder Arias Arango y Luz Dary Espitia Garzón. A esta última, el juez le concedió la detención domiciliaria por ser madre cabeza de familia.

Durante la audiencia pública, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico advirtió que estas personas conformarían, al parecer, una estructura sólida de traficantes de estupefacientes que delinque desde Colombia. No obstante, entre sus miembros habría ciudadanos extranjeros, como los dos españoles, dos ingleses y un italiano que fueron capturados el 29 de enero último en un aeropuerto de Londres, luego de que se les hallará en el vuelo chárter que tripulaban, el cargamento de droga.

En carta enviada por el gobierno británico se anexó información fotográfica y  pruebas periciales homologadas, sobre la identidad de las personas capturadas. Entretanto, en Colombia se adelantaron diligencias de allanamiento e inspección judicial a la empresa Central Chárters, la cual ofreció su colaboración para las investigaciones aportando videos y documentos.

Indicó la fiscal  a cargo del proceso que gracias a la colaboración de la empresa de aviación, se obtuvo el número de las placas de los vehículos que transportaron el estupefaciente. Así se estableció que los vehículos habían sido alquilados y subarrendados en varias ocasiones, al parecer con los mismos propósitos delictivos.

La investigación

Mediante el rastreo de los vehículos usados para transportar la droga en las maletas antes de ingresar al terminal aéreo, inició el proceso investigativo. “La información dada por los GPS arrojó resultados como la  ubicación en el barrio San José de Bavaria, en el norte de la capital, y varios tiempos importantes para los intereses de la Fiscalía en talleres y bodegas cerca del Aeropuerto El Dorado”, explicó la fiscal.

Se determinó que los automotores permanecieron varias horas en la localidad de Fontibón, en donde fueron cargadas las maletas con el estupefaciente, y otro tiempo en el occidente de la capital, más exactamente en el sector de Capellanía. En este último lugar, la Fiscalía obtuvo los videos de ingreso a las reuniones para planear  la manera de llevar los narcóticos.

“Los investigadores obtuvieron documentos relacionados con los tiquetes de los visitantes, las facturas de las prendas usadas por un falso policía quien participó en el proceso de ingreso de las equipajes al  aeropuerto”, afirmó la fiscal antinarcóticos.

De esta manera se interceptaron cerca de 15 líneas telefónicas, se realizaron inspecciones judiciales en el hotel donde permanecieron los tripulantes identificados como Martin James Neil y Stephen John Neil,  los españoles José Ramón Miguelez Botas y Víctor Franco Lorenzo y el italiano Alessandro Lembo.

Del mismo modo, se lograron los retratos hablados de Nelson Robles y de la persona reconocida como un falso policía.

Para dar con la identificación y ubicación de los presuntos traficantes, la Fiscalía adelantó labores de búsqueda selectiva  en bases de datos privadas como las que aparecen en Migración Colombia, Cifín, Datacrédito, Uiaf, Dian y a empresas de telefonía celular.

“Fueron 27 entrevistas, interrogatorios a indiciados, recuperación de información dejada en la navegación en internet y los videos en la Secretaría de Movilidad, así como análisis link a los abonados celulares comprometidos”, con los que se obtuvieron estos resultados.

La imputación    

La despachadora del terminal aéreo Luz Dary Espitia Garzón debe responder como posible coautora de los delitos de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes agravado en concurso de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Del mismo modo, Nelson Enrique Robles Munevar, como presunto coautor de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes agravado en concurso con el uso ilegal de uniformes e insignias.

Por su parte, Walter de Jesús Arias Arango, oriundo de Pensilvania (Caldas) y residente en el barrio Capellanía Central de Bogotá, fue imputado como supuesto coautor de los delitos de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes agravado en concurso con concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

“Trabajó en diferentes áreas de la prestadora de servicios  FBO, proveedor principal de servicios de apoyo a los operadores de aviación general”, indicó la fiscal.

El procesado Jairo Hernán Salazar responderá como presunto coautor del delito de porte fabricación y tráfico de estupefacientes agravado.

Igualmente, Jesús Mario Hurtado Ríos comparece como supuesto coautor de los delitos de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes agravado, en concurso con concierto para delinquir con fines de narcotráfico, y en flagrancia por el delito de fabricación, porte, tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Finalmente, Alexánder Arias Arango aceptó ser el autor del delito de lavado de activos y coautor de los delitos de fabricación y tráfico de estupefacientes, y concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

“Realizó todas las maniobras tendientes para sacar la droga del país y para ello utilizó como centro de operaciones el apartamento 1103 del sector de Capellanía, el cual lo tomó en arriendo para coordinar y organizar el transporte del estupefaciente”, agregó la delegada fiscal.

Según las pruebas, en este lugar se reunieron en varias oportunidades los señores Hurtado Ríos, Walter Arias, Carlos Arturo Muñoz, Jairo Salazar y Ricardo Gómez quien usó este inmueble para planear el uso ilegal del uniforme de la Policía Nacional.

Explicó la delegada del ente acusador que Hurtado Ríos y Walter Arias eran al parecer los encargados de contratar el arrendamiento de las camionetas para el transporte del alcaloide; mientras que el señor Alexander Arias habría coordinado con Luz Dary Espitia la salida de las maletas contaminadas de la empresa Central Charter Ltda.

“Luz Dary Espitia Garzón aprovechó su conocimiento como despachadora y atención de los vuelos para persuadir a I.P. (una mujer) para que las enviara de inmediato a la plataforma y se estableció que operaba de la misma manera como en diciembre de 2017”, indicó la Fiscalía.

Además, explicó la fiscal antinarcóticos que Jairo Salazar habría coordinado a los integrantes de la organización para que ingresaran a la empresa de navegación aérea para que el falso uniformado, vistiera todos los accesorios de un policía como la gorra beisbolera, riata negra y botas color negro, semejantes  a las que usan los integrantes de la fuerza pública adscrita a antinarcóticos.

De otro lado, Jesús Hurtado sería quien transportó 7 de las 15 maletas  contaminadas con el estupefaciente desde un taller bodega en Fontibón, suroccidente de la capital.

De acuerdo con lo afirmado por la delegada del ente acusador, el legislador ha considerado este tipo de delitos tan graves, que a la hora de emitir sentencia condenatoria en caso de hallarlos culpables, los excluye de beneficios o de subrogados penales como la suspensión de la condena o la prisión domiciliaria.

En el caso de aceptación de cargos Alexánder Arias, la pena no podría ser inferior a los 18 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.

 

CMRM/DLBM