El trabajo articulado de la Fiscalía, en coordinación con otras instituciones del Estado, permitió desmantelar en el departamento de Vichada una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres y menores de edad, entre ellas indígenas y migrantes venezolanas.
La acción oportuna y el esfuerzo conjunto no solo frenaron la expansión de esta estructura hacia otras localidades, sino que también garantizaron la protección y atención de las víctimas.





