El concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación garantiza el ingreso por capacidades, méritos y transparencia. Gracias a este proceso, miles de colombianos tienen la oportunidad de poner su experiencia y conocimiento al servicio de la verdad, la justicia y la protección de los derechos.

Actualmente, se ha dado inicio a un proceso de selección para proveer 4.000 vacantes en la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación.

La etapa de inscripciones se encuentra abierta entre el 21 de marzo y el 22 de abril. De acuerdo con los históricos manejados en procesos anteriores, se espera que alrededor de 280.000 colombianos se postulen a los empleos disponibles en la entidad.

Los costos de inscripción están definidos por la ley: para los empleos de nivel profesional, el valor corresponde a 1.5 salarios mínimos diarios legales vigentes ($71.175 pesos), mientras que para los niveles técnico y asistencial, es de un salario mínimo diario legal vigente ($47.450 pesos).

Es importante seguir algunos pasos clave en el proceso. En primer lugar, se recomienda revisar detalladamente la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPECE) para determinar a qué cargos se desea aplicar. En segundo lugar, es necesario cargar todos los documentos siguiendo las pautas establecidas en la guía del aspirante, respetando los formatos y pesos específicos. Si los documentos no son cargados correctamente o no son legibles, el operador no podrá calificarlos.

Una vez finalizadas las inscripciones, se llevará a cabo la verificación de requisitos mínimos. Quienes no cumplan con los requisitos establecidos en el manual de funciones no podrán continuar en el proceso de selección, es decir, no serán llamados a presentar las pruebas.

Posteriormente, se aplicará la prueba de selección, que cuenta con dos componentes: uno eliminatorio y otro clasificatorio. El cuadernillo de evaluación incluirá 150 preguntas, de las cuales 100 serán de carácter eliminatorio. Si el aspirante no supera esta primera parte, quedará excluido del proceso.

La prueba utilizada es de tipo “juicio situacional”, una metodología aplicada en Colombia desde hace más de 10 años. Esta evaluación busca que el aspirante, frente a un caso hipotético, demuestre la capacidad de resolver de manera adecuada la situación planteada, integrando tanto conocimientos como experiencia.

Además, es fundamental que los aspirantes informen si presentan algún tipo de discapacidad al momento de su inscripción. Aunque esta condición no otorga puntos ni valoración adicional, permite a la entidad garantizar condiciones óptimas y de equidad durante la aplicación de las pruebas. Con el apoyo del Instituto Nacional para Ciegos (INCI) y del Instituto Nacional para Sordos (INSOR), se habilitan ayudas como lectores o dispositivos de asistencia que aseguran que las personas con discapacidad puedan presentar sus pruebas en igualdad de condiciones.