Un hombre identificado como Juan Carlos Aisama Guasiruma, fue cobijado con medida de aseguramiento consistente en detención intramuros, por decisión de un juez de control de garantías, quien acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, como presunto responsable de secuestro y abuso sexual de una menor de 12 años, en el municipio de San Pedro (Valle del Cauca).
Los hechos materia de investigación ocurrieron el 25 de mayo del 2020 de esa localidad, cuando supuestamente el hoy imputado se habría llevado a la víctima sin el consentimiento de sus padres y durante dos meses habría abusado sexualmente de ella. Posteriormente, la liberó y dejó abandonada en el municipio de Versalles (Valle del Cauca).
Las labores investigativas y los elementos probatorios recaudados por servidores del cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía Seccional Valle de Cauca, con apoyo del Gaula Militar, permitieron establecer la plena identidad del presunto agresor, por lo que la Fiscalía solicitó orden de captura en su contra.
Personal de la Policía hizo efectiva la orden de captura del hombre, el 9 de febrero pasado.
En las audiencias concentradas, la Fiscalía le formuló imputación de cargos al capturado por los delitos de secuestro simple y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Lo anterior, responde al cumplimiento de la estrategia de esclarecer los hechos en los que se atenta contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes para proteger sus derechos enmarcados dentro de los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su política institucional “En las calles y en los territorios”.
La Fiscalía General de la Nación pública esta información por razones de interés general.
MAP/SMLR/MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
