La víctima sufrió deformidad física en el rostro y una incapacidad de 35 días.

Ante un juez de control de garantías la Fiscalía General de la Nación judicializó a Eder Aleyson Manquillo, como presunto responsable de agredir física, verbal y psicológicamente a su compañera sentimental, en el municipio de Ginebra (Valle del Cauca).

Los hechos materia de investigación ocurrieron el 1 de octubre del 2020, en el municipio en mención, donde el hoy imputado habría atacado a su compañera permanente causándole deformidad física en el rostro y una incapacidad de 35 días.

Las labores de policía judicial permitieron a la Fiscalía establecer que dicha conducta punible se habría presentado en varias oportunidades, por lo que solicitó orden de captura en contra de Manquillo, la cual se hizo efectiva el 25 de febrero pasado por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional.

En desarrollo de las audiencias preliminares, el ente acusador le formuló imputación de cargos al capturado por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

El presunto agresor fue afectado con medida no privativa de la libertad por el juez y deberá presentarse cuando sea requerido por el organismo acusador.

Lo anterior, responde al cumplimiento de la estrategia de esclarecer los hechos en los que se atenta contra la integridad de las mujeres para proteger sus derechos enmarcados dentro de los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su política institucional “En las calles y en los territorios”.

La Fiscalía General de la Nación pública esta información por razones de interés general. 

MAP/SMLR/MG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.