Desde el momento en el que se hicieron públicos los hechos que involucrarían un funcionario de la entidad, adscrito a la Seccional Risaralda, en violencia contra su compañera sentimental, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dispuso de un equipo especializado para que, a través de un enfoque diferencial de género, esclareciera lo ocurrido y garantizara la efectiva protección a la víctima.
Los elementos probatorios obtenidos permitieron conocer que Darío Alejandro Correa Correa, profesional investigador, habría agredido a su pareja en enero y noviembre de 2019, y noviembre de 2020, en Pereira, Quinchía y Dosquebradas (Risaralda), respectivamente. En uno de estos casos, al parecer, interpuso su investidura como servidor para evitar ser judicializado.
En ese sentido, el funcionario fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó los delitos de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo y en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer, cargos que no fueron aceptados por el procesado.
Por solicitud del fiscal del caso, esta persona recibió media de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación tiene como prioridad la defensa de los derechos de la mujer y el esclarecimiento de las conductas que afectan su vida e integridad personal, por lo que se han desarrollado las acciones necesarias tendientes a buscar que la conducta de los funcionarios de la entidad se enmarque en principios de respeto, legalidad y transparencia.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
CLCG/MG/MCHA/JARG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
