Bajo la coordinación de la Fiscalía en Putumayo, uniformados de la Sijín llevaron a cabo cuatro diligencias de allanamiento y registro en Villagarzón (Putumayo). En los operativos fueron capturadas tres personas a quienes un juez de control de garantías cobijó con medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
Los implicados fueron imputados como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de los implicados aceptó su responsabilidad en los delitos imputados.
Los allanamientos se adelantaron en los barrios Canan y El Progreso donde fueron capturados: Casilda Roselinda Martínez Díaz, Damaris David Martínez y Hermes Alexander Cuasialpud Burgos, quienes presuntamente se dedicarían a la venta de estupefacientes en varias zonas, lo mismo que en los barrios Rosales y Cristo Rey todos en Villagarzón (Putumayo).
En los inmuebles fueron incautados 48.7 gramos de cocaína, 3 millones 200 mil pesos, 14 celulares y una gramera.
Tras avalar la petición de la Fiscalía el juez concedió la legalización y suspensión del poder dispositivo del dinero, así como la incautación con fines de investigación de los celulares.
Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana y golpean las redes dedicadas al microtráfico desarrollada bajo el Direccionamiento Estratégico trazado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
LMGM/MAGA/GRM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
