Atendiendo la solicitud de hecha por la Fiscalía, Seccional Risaralda, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en intramuros contra María Alejandra Arango, alias ‘Fresa’; Luis Eduardo Galeano, alias ‘La Máquina’; Lina María Acevedo Acevedo, alias ’La Vieja’ y María Deisy Castro Romero, alias ’La Machorra’.
Estas personas harían parte de la organización delincuencial Aurora dedicada, al parecer, a la comercialización de sustancias alucinógenas en Pereira.
De acuerdo con la investigación, en hechos que vienen presentándose desde agosto de 2019, se determinó que, al parecer, un grupo de personas encabezados, presuntamente, por alias ‘La Máquina’ se dedicaban a vender bazuco en la modalidad de menudeo, cerca de establecimiento educativos, así como en la zona centro de la ciudad de Pereira.
En las audiencias concentradas los investigados fueron imputados por el ente acusador como presuntos coautores a título de dolo de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en la modalidad de vender sustancias ilegales; esto en concurso homogéneo y sucesivo, según su responsabilidad. Ninguno de los implicados aceptó su responsabilidad en los hechos.
Servidores de la SIJIN fueron los encargados de concretarlas capturas en vía pública de Pereira de los implicados, el 8 de diciembre último.
Estos resultados se dan en el marco de las estrategias lideradas por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de cara a la luchar contra las organizaciones delictivas que afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscalía publica esta información por considerarla de interés general.
CLCG/MAGA/MCHA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
