Malcon Joel Córdoba Rivas, Juan David García Duque, Alex Mauricio Murillo Urrutia y Damián Eduardo Celorio Rentería fueron privados de la libertad por un juez penal con funciones de control de garantías, quien dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.

La Fiscalía les imputó a los implicados cargos como presuntos coautores responsables de los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Los cuatro hombres fueron detenidos en flagrancia por agentes de la Sijin de la Policía Metropolitana durante operativos de registro y allanamiento cumplidos en 4 viviendas de los barrios Cali Mío Decepaz y Decepaz. Dichos lugares fueron señalados como inmuebles dedicados a la venta de estupefacientes al menudeo.

Durante las diligencias judiciales fueron incautados 21 papeletas con cocaína, 72 cigarrillos de marihuana, 200 gramos de marihuana y dinero, al parecer, producto de la venta de los estupefacientes.

Estas diligencias hacen parte de las actividades de la fase operacional del laboratorio de recuperación zonal en la Comuna 15 de la capital vallecaucana.

Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, desarrollada bajo el Direccionamiento Estratégico trazado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

JGP/MAGA/LS/

Le puede interesar: Con tres capturas la Fiscalía impactó a ‘Los Yerbateros’, una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en, al menos, tres departamentos 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.