Como presuntos integrantes de la organización criminal Jalisco, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Pelayo impuso medida de aseguramiento de carácter domiciliario en contra de cuatro hombres y dos mujeres.
Los afectados con la medida son:
- Jhoan Enrique Contreras Gómez.
- Yan Carlos Gaviria de Hoyos.
- Euler Samuel Escobar Muñoz.
- Lis Daniel Espitia Nova.
- Libieth Margarita Suárez Madera.
- Mabel de Jesús Mendoza González.
En la investigación adelantada por la Fiscalía y la Policía Nacional, se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en los barrios El Totumo, Sanata María, las Aguas y el corregimiento del Retiro de los Indios, ubicados en el municipio de Cereté (Córdoba). La mencionada estructura criminal se denomina Jalisco y está al servicio del Clan del Golfo.
En los operativos de allanamiento y registro se realizó la captura de los seis procesados y se incautaron 5 motocicletas, 30 gramos de marihuana, 400 gramos de cocaína y dinero en efectivo.
La Fiscalía logró establecer que esta organización delincuencial podría obtener ganancias mensuales hasta de 150 millones de pesos mensuales.
Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación todos los procesados aceptaron los cargos imputados por el delito de concierto para delinquir.
Esta investigación se realiza bajo los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de desarticular las bandas criminales y todos los delitos que afectan la salud pública.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
NAMT/MG/LU
_La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004._
