Por solicitud de un Fiscal de la Seccional Risaralda, un juez de Pereira impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Manuel Enrique Pérez y Ronald Estiven Guevara Valderrama, quienes fueron capturados cuando se transportaban en un autobús de servicio público.
Se trata de dos casos independientes en los que lo implicados fueron sorprendidos cuando, supuestamente, transportaban sustancias estupefacientes en sus equipajes.
En audiencias separadas las dos personas fueron imputadas como presuntos responsables del delito de tráfico fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de transportar.
Ninguno de los implicados aceptó su responsabilidad respecto de los cargos imputados.
Los hechos se presentaron el 18 de enero pasado en el kilómetro 86 vía Andalucía, Y de Cerritos. En este lugar agentes de policía de carreteras detuvieron, para una revisión de rutina, un bus de transporte público que cubría la ruta Cali-Medellín.
Durante el registro fue inspeccionado el equipaje de cada uno de los pasajeros, y en los de los dos implicados fueron encontradas sustancia que, tras las pruebas científicas, arrojaron positivo para marihuana. En uno de los equipajes se encontraron 57.4 kilos, y en el otro 60.5 kilos.
Estos resultados obedecen a los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de judicializar a los responsables de delitos que como el tráfico de estupefacientes, afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscalía habla con resultados.
La Fiscalía publica esta información por considerarla de interés general.
CLCG/MAGA/MCHA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
