El juez séptimo penal con funciones de control de garantías de Buenaventura (Valle del Cauca) impuso medida de aseguramiento domiciliaria a Liliana Calderón Quintana, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.  

Calderón fue detenida por agentes de la Sijín de la Policía Nacional durante un operativo de registro y allanamiento a una vivienda ubicada en la calle 6D con 6B, de ese puerto, luego de que una fuente humana indicara que en el sitio se expendían sustancias ilícitas.   

Al ingresar a la vivienda, con una orden judicial, los uniformados encontraron cocaína y base de coca, así como 15 bolsas que contenían bazuco, listo para ser comercializado.   

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la hoy procesada al parecer hacía parte de la banda delictiva Los Sanyu y utilizaba la casa objeto de la diligencia para distribuir y comercializar estupefacientes. 

Mediante la interceptación de llamadas telefónicas, los investigadores evidenciaron conversaciones de la asegurada con otra mujer, encargada de la distribución en varios expendios.  

Durante la imputación, Liliana Calderón no aceptó el cargo que se le endilgó.  

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para la mujer, pero la judicatura le concedió casa por cárcel atendiendo su situación de salud. 

Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, desarrollada bajo los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.  

La Fiscalía habla con resultados.  

JGPV/FV/DLBM.   

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.    

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