Los bienes están avaluados en 8.000 millones de pesos.
Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a bienes que pertenecerían a Eleazar Campo Salazar, alias El Gordo, uno de los cabecillas de la organización criminal ‘La Cordillera’ dedicada al tráfico de estupefacientes en el Eje Cafetero y otras regiones del país.
Las propiedades, avaluadas en 8.000 millones de pesos, están representadas en 22 inmuebles, 5 vehículos, 1 establecimiento de comercio y 102 semovientes.
Los bienes afectados fueron ocupados en diligencias conjuntas realizadas por la Fiscalía y la Sijin de la Policía Nacional en Pereira, Dosquebradas y Guática (Risaralda); Circasia (Quindío), Manizales (Caldas), Puerto Boyacá (Boyacá) y Honda (Tolima). Las investigaciones dan cuenta de que habrían sido adquiridas con dineros producto del tráfico de drogas y el cobro de extorsiones en diferentes ciudades.
Al parecer, Eleazar Campo intentó dar apariencia de legalidad a las rentas ilícitas de la estructura mediante la compra y venta de inmuebles, muchos de los cuales figuran a nombre de varios de sus familiares cercanos.
Las acciones de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio se dan en cumplimiento de la operación ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, con el fin de golpear de manera contundente las finanzas y el patrimonio ilícito de las organizaciones criminales.
MAGA/JARG
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
