Luego de avalar la imputación de cargos de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías impuso medida de carácter domiciliario contra José de los Ángeles Sánchez Pérez, alias Cigarrilero, de 29 años y Luis Humberto Rubio Ortega, alias Wicho, de 39 años, por el delito de concierto para delinquir agravado. Los imputados no aceptaron el cargo.

Los procesados, al parecer se dedicaban a la compra de materiales de construcción para la adecuación de un laboratorio artesanal, el cual se dedicaría al procesamiento de narcóticos.

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron entre el 2018 y 2020, donde los procesados, al parecer se dedicaban a la compra de materiales de construcción en el municipio de Tibú (Norte de Santander), y luego lo enviaban a la zona rural del Catatumbo, para la adecuación de un laboratorio artesanal, el cual se dedicaría al procesamiento de narcóticos. 

Asimismo, se logró establecer que dichas compras se realizaban con el dinero que era movilizado a través de correos humano y empresas de transporte público.

Es de anotar que, en diciembre pasado por medio de diligencias de registro y allanamientos en los municipios de Tibú y Cúcuta (Norte de Santander), se llevó a cabo la captura de otros tres presuntos integrantes de dicho grupo, quienes actualmente se encuentran privados de la libertad por el mismo delito.

La Seccional Norte de Santander continúa cumpliendo con las políticas trazadas por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dentro de las estrategias para combatir grupos delincuenciales organizados que afectan la seguridad afectan la seguridad ciudadana.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

MPHA/MG/JWCP

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.