Por la liberación de la víctima exigieron entre 20 y 400 millones de pesos.
En un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación Seccionales Cauca y Medellín; grupos Gaula de la Policía y Ejército Nacional, fue liberado en las últimas horas un comerciante, quien habría sido secuestrado el día 6 de enero reciente, en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao (Cauca).
Según el ente acusador, la víctima de 62 años, al parecer se desplazó desde Medellín (Antioquia) hacia Planadas (Tolima) y posteriormente, hacia Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, en un taxi, con el fin de negociar una finca.
Asimismo, se estableció que momentos después el hombre se habría desplazado junto con el negociante del predio y desde ahí no se volvió a saber de él.
Se presume que los supuestos captores habrían hecho exigencias económicas a los familiares de la víctima, las cuales, inicialmente fueron de 20 millones de pesos, pasó los 50 y 400 millones de pesos.
El comerciante ya tuvo contacto con sus familiares y fue trasladado a un centro asistencial para los análisis médicos respectivos.
La Fiscalía adelanta las labores investigativas pertinentes para identificar plenamente a los responsables de dicha conducta ilícita, por el delito de secuestro extorsivo.
Este resultado hace parte de la estrategia investigativa y la intervención dispuesta en Buenaventura, según los lineamientos del Fiscal General Francisco Barbosa, para combatir la criminalidad y la delincuencia que afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscalía General de la Nación pública esta información por razones de interés general.
MAP/MG/RF
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
