Un fiscal de la Unidad de Vida de Neiva (Huila) imputó a Bricelio Acosta García como supuesto responsable de los delitos de homicidio simple en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación porte o tenencia de arma de fuego, accesorios partes o municiones. El encartado no aceptó los cargos.
Los hechos que vinculan a Acosta García con la investigación ocurrieron el 13 de junio de 2020 en una finca de la vereda Mesa Redonda en Tello (Huila). El delito investigado se habría concretado debido a la muerte de Jonathan González Plazas, quien junto con otras dos personas habrían ingresaron de manera ilícita a la finca del hoy judicializado para hurtarle un racimo de plátanos. Esa acción sería la razón por la cual el implicado disparó contra la González, quien murió producto del disparo.
El grupo de vida del CTI Neiva en conjunto con la Sijín de la Policía fueron los encargados de materializar la captura del implicado, por orden judicial.
Por determinación del Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Neiva (Huila) el implicado fue cobijado con medidas no privativas de la libertad, pero sigue vinculado al proceso.
Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía entre los que están declaraciones juradas de testigos presenciales y reconocimientos fotográficos, fueron aportadas al proceso.
De acuerdo a los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para la Fiscalía es prioridad judicializar a los presuntos responsables de delitos que atentan contra la vida.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
LMGM/MAGA/AMCA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
