Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Puerto Asís (Putumayo), la Fiscalía apeló la decisión de no imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhon Jairo Muñoz Pavón, imputado como presunto responsable de las conductas punibles de favorecimiento y facilitación al contrabando, y cohecho por dar u ofrecer. El imputado no aceptó los cargos.

Por el primer delito también fue judicializado Harold Giovany Sánchez Ospina, quien aceptó su responsabilidad en los hechos investigados, y que según se logró precisar, ocurrieron el 13 de enero pasado en la vía Santana Puerto Asís (Putumayo).

Estas capturas fueron materializadas por miembros del Ejército Nacional en desarrollo de labores de control y registro a un tractocamión en el que se movilizaban los implicados. Según se logró establecer en el camión eran transportados varios paquetes ocultos en medio de láminas.

Al parecer, se trató de 125.000 cigarrillos que, según la Dian, no contaban con ningún permiso aduanero que sustentara la presencia de esta mercancía en territorio nacional. Cálculos preliminares señalan que la mercancía tenía un valor de 157’125.000 de pesos.

Muñoz Pavón, además está siendo judicializado porque, al parecer, le habría ofrecido a un miembro del Ejército que lo capturó, 5’000.000 de pesos para que los dejara pasar con la mercancía.  Sánchez Ospina llevará el proceso investigativo en libertad, aunque deberá comparecer al mismo cuando así lo determinen las autoridades.

Estos resultados están enmarcados dentro de la política institucional “En la calle y en los territorios”, implementada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en la lucha contra  el contrabando. 

La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.

LMGM/MAGA/GRM

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.