Estefany Trujillo Villanueva, Alexander Cifuentes Marín, Paola Andrea Mora Motato y Juan Camilo García Trujillo fueron privados de la libertad, luego que el Juez Segundo Penal con control de garantías dictará medida de aseguramiento en su contra consistente en detención preventiva intramural. 

La Fiscalía imputó cargos en contra de los procesados como presuntos coautores responsables de los delitos de homicidio en grado de tentativa en concurso con hurto calificado y agravado.

Las cuatro personas fueron detenidas el pasado 26 de marzo, por agentes de la Sijín y unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional, cumpliendo una orden de captura emitida por un juez penal municipal de Yumbo (Valle del Cauca).

Los hechos ocurrieron el 24 de diciembre de 2020, cuando los hoy imputados presuntamente hurtaron una droguería ubicada en el barrio La Estancia del municipio en mención y se habrían robado $28’000.000.

Durante la imputación de la Fiscalía, los cuatro asegurados no se allanaron a cargos.

El Juez Segundo emitió la orden de encarcelamiento para que Estefany Trujillo Villanueva y Paola Andrea Mora Motato, quienes serán trasladadas al pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí, sur del Valle del Cauca.

Estos resultados responden a los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para combatir estructuras criminales y contrarrestar fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana.

La Fiscalía habla con resultados.

JGPV/LS/MG

Le puede interesar: Asegurado presunto responsable de homicidio tentado, hurto e instrumentalización de menores para delinquir 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.