Luego de acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Maicao (Guajira), impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Marcos Fidel Maldonado Padilla, alias Marquitos, presuntamente responsable de los delitos de porte de armas de uso restringido de uso privativo de las fuerzas armadas y explosivos.
El procedimiento de captura de ‘Marquitos’ se cumplió el pasado 17 de febrero en Maicao y estuvo a cargo de integrantes del CTI apoyados por agentes del Gaula, de la Sipol y del Goes de la Policía Nacional.
Durante la diligencia de registro y allanamiento, iniciada con base en información de una fuente no formal, los uniformados encontraron en poder del implicado una pistola marca Luger calibre 9 milímetros, su proveedor de 15 cartuchos, una granada de fragmentación IM 40 y un radio de comunicaciones.
De acuerdo a las investigaciones el hoy imputado, presuntamente, se dedicaba a cometer homicidios selectivos, tráfico de estupefacientes y a la extorsión en la capital de la Guajira.
Maldonado Padilla será trasladado la Penitenciaria de Mediana y Máxima Seguridad de Valledupar donde cumplirá la medida de aseguramiento impuesta por el juez del caso.
Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, desarrollada bajo los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024.
La Fiscalía publica la información por considerarla de interés general.
EDH/MAG/DFHI
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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