La Fiscalía General de La Nación imputó a Óscar Mario Arrieta Hernández como presunto responsable del delito de extorsión, cargo que no fue aceptado por el implicado. El implicado es señalado de supuestamente, haber hecho exigencias económicas a una mujer de Mocoa (Putumayo) mediante la modalidad de sexting, caso que fue denunciado por la víctima ante el Gaula de la Policía Nacional.
Según se dio conocer, a través de las redes sociales y desde un perfil falso, el hoy procesado, al parecer, entabló una conversación con la víctima a quien le habría pedido fotos y videos íntimos, y una vez conseguido el propósito le empezó a hacer las referidas exigencias económicas, so pena de divulgar las imágenes en distintas redes sociales. Dichas exigencias se habrían hecho durante, al menos, dos meses
Se presume que la víctima hizo dos consignaciones de 100.000 pesos a nombre de Arrieta Hernández, para quien la Fiscalía solicitó medida privativa de la libertad. Tal petición fue negada por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Miguel (Putumayo) además de no imponer ninguna medida de aseguramiento.
El hombre fue capturado por miembros del Gaula, el 12 de diciembre pasado en Montelíbano (Córdoba).
Este resultado contribuye a la estrategia del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, de priorizar los delitos que afecten la seguridad ciudadana ‘En la Calle y en Los Territorios’.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
LMGM/MAGA/GRM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.