Luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías envió a la cárcel a Luis Miguel Vásquez Riascos, presuntamente implicado en un crimen ocurrido en el barrio Bello Horizonte de Buenaventura (Valle del Cauca).
El procesado, al parecer, integra la estructura criminal Los Chiquillos. En tal condición el pasado 17 de febrero mientras viajaba como parrillero en una moto, habría disparado en varias oportunidades contra un grupo de personas quienes departían en el referido sector.
Producto de esta acción Antonio Ricardo Figueroa de 79 años murió y José Manuel Sánchez Gómez, resultó herido. Una vez cometido el crimen los señalados atacantes huyeron, mientras las víctimas eran auxiliadas.
Por estos hechos, el procesado fue imputado con los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado.
Una vez cometido el crimen varias patrullas de la Policía Nacional llegaron al lugar donde se vieron incursos en un cruce de disparos con tres hombres más quienes, se cree, prestaban seguridad a las dos personas que acababan de huir en moto.
En desarrollo de esta acción, los uniformados capturaron a las tres personas, quienes también harían parte de Los Chiquillos.
Vásquez fue detenido por la Policía Nacional en un inmueble de Buenaventura. Su imagen aparece en un cartel de las 10 personas más buscadas por las autoridades, y por información que permitiera su detención se ofrecían 200 millones.
Por decisión judicial el juez del caso impuso al procesado medida de aseguramiento en la cárcel San Isidro de Popayán (Cauca).
JGPV/AICR/DSV/MAGA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
