En operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional se logró la captura de 21 presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Los Huelleros o Los Vestigium, quienes habrían hurtado 20 mil millones de pesos, a través del fraude del sistema financiero y establecimientos de comercio.
Para impactar a ‘Los Huelleros o Los Vestigium’ las autoridades efectuaron 24 diligencias de allanamiento en Bucaramanga y Área Metropolitana, Medellín y Bogotá.
Según las investigaciones adelantadas por el ente acusador, esta estructura delincuencial habría hurtado el dinero de las víctimas, por medio de falsificación de identidad, la cual supuestamente, se realizaba a través de sus huellas digitales y las cédulas de ciudadanía, accediendo a la información económica de las personas.
Asimismo, se estableció que se habían realizado más de 60 denucias por todo el país.
La investigación de esta banda inició hace 9 meses cuando en un allanamiento se incautaron 200 cédulas de ciudadanía falsificadas, que se habrían fabricado por medio de la utilización de tarjetas dactilares oficiales.
El ente acusador presentará a los capturados en audiencias ante un juez con función de control de garantías para imputarles delitos concierto para delinquir, hurto a través de la utilización de medios informáticos agravado, concierto para delinquir, violación de datos personales, falsedad material en documento público y estafa.
La Fiscalía continúa trabajando de acuerdo a los lineamientos del Fiscal General, Francisco Barbosa, en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
La Fiscalía hace pública la información por considerarlo de interés general.
DRAO/MG/OR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
