En desarrollo de la estrategia de investigación y del plan de intervención en Buenaventura (Valle del Cauca), liderado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, un fiscal de la Seccional Valle logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Washington Camacho Tenorio, Jordán Palacio Caicedo, y Brayan Alexis Riascos Cadena, como presuntos miembros de la banda La Localgrupo Los Chotas

Washington Camacho Tenorio, Jordán Palacio Caicedo, y Brayan Alexis Riascos Cadena, como presuntos miembros de la organización criminal La Local, grupo Los Chotas.

Durante las audiencias de control de garantías, la Fiscalía les imputó a los tres los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Militares o explosivos agravado, en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. Ninguno aceptó su responsabilidad.  

Los procesados fueron detenidos en flagrancia por unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) en la calle Caguán del barrio Buenos Aires, en ese puerto. 

Estas personas estaban reunidas con dos hombres más y, al notar la presencia de las autoridades, emprendieron la fuga; sin embargo, la Policía interceptó a los hoy investigados mientras que los otros se lanzaron a un manglar y empezaron a disparar contra los uniformados. 

Durante una requisa a los capturados, les fue hallado un fusil marca Smith & Wesson calibre 5.56 y abundantes municiones de diferente calibre. 

El ente acusador hace pública esta información por razones de interés general.  

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.  

JGPV/DP/DLBM.  

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.    

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