La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Jhean Carlos Arrieta Ojeda, alias Pipe, de 25 años, como presunto responsable de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado.

Los investigadores establecieron que alias Pipe, quien reside en el municipio de Tierralta (Córdoba) y al parecer haría parte del Clan del Golfo, le habría hecho seguimiento durante varios días a su víctima.

Los hechos investigados ocurrieron en un establecimiento comercial ubicado en el barrio San Nicolás del barrio del municipio de Tarazà (Antioquia), el 3 de abril de este año, cuando el presunto agresor habría disparado en repetidas ocasiones contra Milton Stiven Meneses Muñoz, de 22 años, y luego habría  huído del lugar.

Minutos después del ataque, las autoridades capturaron a Arrieta Ojeda en poder de un revólver calibre 38 con 6 cartuchos percutidos y otros 6 sin percutir.  El procesado no se allanó a los cargos imputados.

Los investigadores establecieron que alias Pipe, quien reside en el municipio de Tierralta (Córdoba) y al parecer haría parte del Clan del Golfo, le habría hecho seguimiento durante varios días a su víctima.

Se evidenció también que Meneses Muñoz haría parte de GAO Los Caparros y que se dedicaría al cobro de extorsiones en la citada población del Bajo Cauca antioqueño.

La investigación se adelanta de acuerdo con los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para combatir los delitos de alto impacto que afectan la seguridad ciudadana ‘En la calle y en los territorios’.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

LFML/CQ/MG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.