Con ellos, son 9 los judicializados y privados de la libertad por los actos vandálicos en ese municipio.
Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Guadalajara de Buga (Valle del Cauca) envió a la cárcel a seis presuntos responsables de los delitos de terrorismo, amenazas, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público y daño en bien ajeno, a los cuales no se allanaron.
Los afectados con la medida son: José Mauricio García Nieto, Dan Brayer Andrade Bolaños, Daniel Navarrete Varón, Jorge Andrés Noguera Flórez, Jorge Mario Ramírez Alzate y Santiago Ramírez Duque.
Según la Fiscalía, los hoy imputados fueron capturados en flagrancia, por personal de la Sijín, de la Policía Nacional, el pasado 25 de mayo, en el centro del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), donde presuntamente los hoy procesados lanzaban piedras y artefactos explosivos contra establecimiento de comercio, sedes públicas, judiciales, administrativas y entidades privadas, lo cual generó temor y zozobra en la comunidad tulueña.
Dichas acciones delictivas provocaron daños materiales en almacenes, entidades bancarias, la sede de la Alcaldía Municipal y a un CAI; así como saqueos y la conflagración a la sede del Palacio de Justicia.
Por su parte, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, quien junto con su equipo directivo estuvo en el municipio en mención para verificar las acciones investigativas tendientes a esclarecer los hechos, anunció las capturas de las personas antes relacionadas y de otras 3 que estarían involucradas en los actos vandálicos.
Con ellos, son 9 los judicializados y privados de la libertad por los actos vandálicos en Tuluá (Valle del Cauca).
MAP/SMLR/MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
