Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Seccional Cundinamarca, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario contra dos presuntos integrantes de la banda delictiva Los Taquilleros, dedicada al hurto a entidades bancarias y supermercados de cadena en poblaciones del departamento.

Los elementos materiales de prueba indican que los judicializados, identificados como Daniel Andrés Urdaneta Linares y Sergio Andrés Delgado Ramírez, al parecer participaron en el hurto ocurrido el pasado 14 de enero a un banco en Sopó (Cundinamarca), de donde se habrían llevado cerca de 16 millones de pesos.

Las investigaciones determinaron, además, que los dos estarían involucrados en otros eventos delictivos de hurto en establecimientos comerciales de los municipios de Cajicá y Tabio, en Cundinamarca.

Según lo expuesto en las audiencias, estos hombres eran conocidos porque supuestamente después de cometidos los robos dejaban en las puertas unas granadas de juguete que, al dar la apariencia de explosivos, les permitía huir sin que fueran perseguidos de inmediato.

En dos diligencias de allanamiento y registro realizadas por la policía judicial Sijín, la Sipol y el Goes de Cundinamarca, fueron incautadas armas de fuego de diferentes calibres, cartuchos, proveedores para armas calibre 9mm y revólver calibre 38, equipos terminales móviles y una motocicleta que al parecer era utilizada en los hurtos.

En consecuencia, a los presuntos asaltantes les fueron imputados los delitos de hurto calificadoy agravado, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.

CMRM/ HG/ DLBM

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.