A cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y empleados le exigían a la víctima $500.000.000. 

Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez de control de garantías envió a la cárcel a Edwin González Díaz y Maycol Iván Ríos Solano, como presuntos responsables de extorsionar a un médico traumatólogo, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

Según la Fiscalía, el 14, 18 y 20 de mayo pasado, por medio de un domicilio la víctima recibió un sobre que contenía un panfleto, en el que le hacían exigencias económicas de $500.000.000, a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia y empleados. Se presume que el dinero debía ser entregado en un plazo de 24 horas. Además, los procesados habrían enviado mensajes de texto al celular del hombre para que hiciera efectivo dicho pago.

Edwin González Díaz y Maycol Iván Ríos Solano presuntos responsables de extorsionar a un médico traumatólogo, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos al Grupo Gaula, con apoyo del Gaula Militar capturaron en flagrancia a los hoy imputados, quienes formarían parte de un grupo delictivo dedicado a la extorsión en Tuluá y sus alrededores. Asimismo, fueron incautados $90.000.000, al parecer producto de la extorsión.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía les formuló imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada, los cuales no aceptaron.

MAP/SMLR/MG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.