La Fiscalía General de la Nación, Seccional Nariño, imputó cargos a Deiwinyerth Harway Peralta Herrera, Elmer Alexánder Rivas Yegres, Jherson Armando Duño Figueredo y Ana Gabriele Maestre Rodríguez, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado en menor cuantía, hurto agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y extorsión.
El Juzgado Segundo Penal con funciones de control de garantías de Pasto (Nariño) acogió los argumentos de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra estas cuatro personas.
Los hoy imputados fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional en diferentes sectores de Pasto, en cumplimiento de una orden judicial expedida el pasado 12 de marzo.
De acuerdo las evidencias y el material probatorio recaudado por la Fiscalía, los investigados al parecer hacían parte de una organización criminal autodenominada la Banda de Maracucho, dedicada a la comisión de hurtos en establecimientos comerciales y a personas.
Se conoció que las víctimas eran amenazadas con armas de fuego, para obligarlas a entregar su dinero, joyas o sus motocicletas.
También se evidenció que otra de sus actividades delictivas era la extorsión a tenderos y pequeños comerciantes, a los cuales se presume que les exigían una cuota a cambio de prestarles ‘seguridad’.
Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, desarrollada bajo el Direccionamiento Estratégico trazado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
La Fiscalía habla con resultados.
JGPV/JPC/DLBM.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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