Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Gustavo Alonso Hernández Bedoya, alias Tavo, de 28 años.
Según la investigación adelantada por un fiscal destacado ante el Gaula Medellín, el investigado desde el 2016 al parecer haría parte del Grupo Delincuencial Común Organizado llamado Betania, La Sexta o Belencito que delinquen en los barrios La América, Santa Mónica, Cristóbal, Simón Bolívar, Calazans , Castillo, Belencito, Betania, Villa Laura y El Corazón, de las Comunas 12 y 13de Medellín.
Se logró establecer que, los principales ingresos del grupo delincuencial en mención supuestamente se obtenían del microtráfico y extorsiones a comerciantes, transportadores y a habitantes del sector, a cambio de no desplazarlos de sus hogares.
Al parecer, alias Tavo era el encargado de realizar los cobros extorsivos, vigilar las actividades ilícitas de otros integrantes, acompañar en zona de injerencia y apoyar la venta de estupefacientes.
Al momento de su captura, miembros de la Policía Nacional le incautaron 2 armas de fuego, un celular de alta gama, un proveedor para pistola, 21 cartuchos de diferente calibre y 20 gramos de cocaína.
Hernández Bedoya no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecilla, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
NAMT/CEM/MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
